La familia Franco subasta en Madrid 717 bienes privados de Meirás

El pasado 31 de julio se consumaba la salida del pazo de Meirás con destino a Madrid de los enseres reconocidos como privados a la familia Martínez-Bordiú Franco. Se trata de los bienes que no fueron reclamados por el Estado en su demanda al no poder acreditar su titularidad. Ahora, estos objetos, repartidos en diversos lotes, salen a subasta el próximo 27 de octubre a las 17.00 horas en una puja especial en la casa Magna Art Auctions, pero las personas interesadas pueden consultar y ver los lotes ya desde este martes.

Desde la casa de subastas informan que se trata de 717 objetos de toda clase, desde mobiliario a fotografías, pasando por escultura, cerámica, vajillas y cuadros de diversas épocas. El catálogo de la subasta se publicará «a lo largo de esta semana», pero las piezas ya están disponibles para consulta, confirman.

En un escrito remitido a sus clientes y allegados, el director de la casa de subastas madrileña, José Miguel Carrillo de Albornoz, destaca que se trata de una subasta «especial y única, de esas que se producen muy pocas veces», ya que las obras de arte ofertadas «tiene un valor superior al intrínseco de los mismos objetos, indudable, y nos muestra retazos de la vida familiar de la familia en el pazo, que les ha pertenecido durante muchas décadas», apunta.

La retirada de estos bienes de Meirás fue criticada por las entidades memorialistas. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña llegó a considerarla «otro expolio» con la «complicidad» del Estado y la «total pasividad» de la Xunta. Según denunciaron cuando se produjo la entrada de los camiones de mudanzas al pazo, los objetos retirados «van mucho más allá de elementos de carácter personal», muchas de ellas ligadas a la etapa del dictador Francisco Franco como jefe de Estado en As Torres.

De hecho, la disparidad de cifras en el número de piezas retiradas y subastadas -cuando se realizó la mudanza se hablaba de unas 400- viene a confirmar las denuncias de las entidades memorialistas, que aludía a otros «expolios» perpetrados por la familia Martínez-Bordiú con anterioridad a que el Estado tomase posesión de la propiedad, en diciembre de 2020.