DGAIA: un informe del síndic sobre jóvenes extutelados alerta de "graves carencias en el sistema"

Errores de la administració en buena parte de los pagos indebidos, falta de coordinació de los servicios de la DGAIA, o falta de control y fiscalización. Son las conclusiones del último informe de la Sindicatura de Greuges sobre las carencias del sistema de protección a los jóvenes extutelados, desde que salen de los centros a los 18 años.

Aquest nou informe, que se suma al de la Sindicatura de Comptes del mes de mayo, recoge el testimonio de varios trabajadores del Sevap, el servicio que debe controlar cómo se dan las prestaciones económicas a los jóvenes, y alerta de "carencias graves en el sistema".

Uno de estos trabajadores es el testimonio protegido por la Oficina Antifraude, después de denunciar presuntas malas praxis. Tambié se hace eco de las quejas de otros trabajadores del Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat y de profesionales que trabajan en pisos para extutelados.

Todo ello, señala el informe, pasa en un contexto en el que en los últimos 10 años se ha multiplicado por cuatro el número de jóvenes tutelados que llegan a los 18 años, pero, en cambio, no han aumentado de la misma manera los profesionales que los deben acompañar.

Aquests son los àmbits de millora que la Sindicatura de Greuges ha identificat, en un moment en que el Departament de Drets Socials està mirant de refundar la DGAIA:

No se llega a todos los jóvenes extutelados

Una parte significativa de jóvenes extutelados no acceden al Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET), el organismo de la DGAIA que debe acompañar a los jóvenes en su proceso de emancipación.

Se aportan algunos datos: de los 2.776 jóvenes tutelados que alcanzaron la mayoría de edad en 2023, solo 1.388 solicitaron darse de alta en el ASJTET.

Muchos de ellos tampoco han recibido la prestación económica a la que tendrían derecho. Así, a 31 de diciembre de 2024, solo el 14,6% de los jóvenes extutelados de 18 a 23 años cobraban la prestación económica.

La Sindicatura atribuye este dato a que algunos de los jóvenes ya tenían ingresos mínimos suficientes, pero sobre todo a que los criterios de acceso a la prestación son bastante restringidos. También constata que solo se aprueban el 46% de las solicitudes que hacen los chicos, y el 64% que hacen las chicas.

Solo el 20% de los jóvenes extutelados de 18 a 21 años que alcanzaron la mayoría de edad mientras estaban tutelados ha podido acceder a un recurso de vivienda, aunque hay plazas vacías en algunos de los pisos pensados para estos colectivos. Y el año 2023, por ejemplo, se detectaron 154 jóvenes extutelados en situación de calle.

Retrasos en la resolución de expedientes

De media, constata la Sindicatura, el Departament de Drets Socials tarda 10,3 meses a resolver si se otorga o no una prestación.

Y durante estos meses, denuncia el informe, estos jóvenes no tienen garantizada la cobertura de sus necesidades básicas.

También se describe que el primer pago llega de media 8,5 meses después de cuando tocaría.

Y una de las causas es la falta de recursos humanos. Diversos trabajadores han expresado su disconformidad con el elevado número de casos que deben gestionar: más de 80 jóvenes por profesional.

Pagos indebidos

Son aquellas prestaciones pagadas a jóvenes extutelados cuando ya no cumplirían los requisitos para recibirlas. No es solo exclusivo de este colectivo, y la Generalitat no es la única administración que tiene.

Drets Socials, de hecho, ha reconocido 167 millones de euros pagados indebidamente en prestaciones sociales, desde 2016, y para todas las prestaciones (renta garantizada y pensiones, las más destacadas).

En el caso de los extutelados, la Sindicatura de Comptes cifra la cantidad en 4,7 millones entre 2019 y 2022. Ahora, la Sindicatura de Greuges añade contexto:

Los pagos indebidos, dice, se dan porque la gestión administrativa es muy lenta a la hora de cerrar expedientes. Así, en 2024, el tiempo de resolución de la extinción respecto a la fecha en que se debía hacer efectiva es de 18,1 meses.

¿Por qué ha habido?

1. Seguimiento insuficiente: El análisis de la muestra de expedientes indica que hay jóvenes extutelados que han cobrado la prestación durante años sin haber tenido un seguimiento efectivo.
2. Expedientes sin resolver: Todavía hay 759 expedientes abiertos en el período 2021-2023 que están pendientes de una resolución estimatoria o denegatoria.
3. El joven empieza a trabajar: Algunos de los pagos indebidos se producen porque el joven empieza a trabajar y, por lo tanto, a tener más ingresos.
4. Residencia fuera de Cataluña: Se han detectado casos puntuales en los que la estancia fuera de Cataluña por motivos laborales no ha supuesto la suspensión o extinción automática de la prestación.
5. Plazas ocupadas sin que se haga uso efectivo: Educadores de servicios de vivienda han alertado sobre situaciones puntuales de recursos con plazas asignadas que no eran utilizadas de manera efectiva.
6. Falta de copago: La revisión de los expedientes muestra que hay jóvenes que no contribuyen económicamente al servicio como les corresponde por los ingresos que tienen, o no lo hacen en la medida que les correspondería.

Consecuencias de las carencias y errores del sistema

La Sindicatura de Greuges identifica que los retrasos en las resoluciones de los expedientes hacen que haya jóvenes que renuncian a formaciones más largas o que se incorporan al mercado laboral más tarde.

Al mismo tiempo, sufren cobros súbitos: de repente los jóvenes reciben los importes atrasados. Esto hace que de golpe reciban un primer pago que supera los 6.000 euros. Los profesionales que hacen el seguimiento socioeducativo de los jóvenes extutelados destacan que, a menudo, no saben gestionar importes tan elevados de manera adecuada.

También sufren consecuencias fiscales: los cobros súbitos implican retenciones de IRPF también muy elevadas, que no lo habrían sido tanto si los cobros hubieran sido repartidos en el tiempo.

Y, por último, la Sindicatura describe la poca flexibilidad de los procesos de acompañamiento: hay jóvenes que no necesitan una prestación económica o una vivienda, pero sí que requerirían un cierto acompañamiento en la transición a la vida adulta.

Según el informe, sin embargo, a estos no se les hace ningún tipo de seguimiento educativo por parte del Àrea de Suport.

Irregularidades imputables a la Administración

La Sindicatura señala que no se ha dimensionado el número de profesionales en relación con el número de expedientes: en el período 2015-2019, el volumen de prestaciones se dobló, pasó de 987 a 1.905, mientras que el personal que se ocupaba de gestionar las prestaciones no creció en la misma proporción.

También lamenta la "falta de coordinación" entre dos de los servicios de acompañamiento y de control de prestaciones, el ASJTET y el Sevap: las unidades, dice el informe, actúan en algunos casos de manera contradictoria, y con confusión de criterios por los cuales se deben mantener o retirar las prestaciones.

Denuncia, al mismo tiempo, la externalización del Sevap, el servicio de control de las prestaciones dadas a jóvenes, a una entidad privada. Y dice que se pueden haber producido situaciones de "conflicto de intereses".

La entidad privada es, concretamente, la Fundació Resilis. Una fundación que tiene pisos para acoger jóvenes y que, a la vez, es la elegida por la DGAIA para controlar las prestaciones que cobran los jóvenes.

El informe pone de manifiesto que este doble papel de la fundación puede haber producido situaciones en las que no se han extinguido o modulado prestaciones cuando tocaba, o casos, como el que denunciaba este trabajador del Sevap, de "plazas fantasma".

Y, por último, recoge la falta de herramientas adecuadas para fiscalizar los expedientes con sistemas informáticos poco operativos Y recuerda que es necesario proteger a los trabajadores de entidades privadas que denuncien malas prácticas.

Las recomendaciones del informe

La Sindicatura pide que se avance en la automatización de procesos, que haga que las prestaciones se cobren desde que se cumplen los 18 años y que se extingan cuando toque, sin dilaciones.

Insta a la Generalitat a no reclamar los pagos indebidos cuando sean ocasionados por errores de la administración. En este sentido, Drets Socials ya avanzó que no pediría el retorno de los importes.

El informe propone integrar la prestación de extutelados dentro de la renta garantizada de ciudadanía para que, señala, ambas comparten objetivos.

Y pide que se aclaren los requisitos para optar a una prestación económica y a una plaza en una vivienda, y que se simplifiquen los circuitos.

Por último, la Sindicatura requiere que se mejoren los sistemas de control y fiscalización, para poder controlar de manera efectiva los expedientes y el trabajo hecho con cada uno de ellos. Así, propone auditorías de las entidades sociales que reciben recursos públicos y de los servicios que gestionan.